Durante años, SpaceX ha dejado de ser simplemente una empresa de cohetes para convertirse en uno de los actores más determinantes del ecosistema tecnológico y estratégico de Estados Unidos. Su capacidad de lanzamiento, su papel en las comunicaciones vía satélite y sus vínculos con el ámbito de la defensa la sitúan en una posición de enorme relevancia, especialmente llamativa en una compañía que sigue siendo de capital privado. En ese contexto, las preguntas sobre quién puede estar invirtiendo en su estructura adquieren un significado distinto, mucho más sensible. Lo que está en juego ya no es solo negocio, sino influencia en infraestructuras consideradas críticas.
La pregunta. La senadora demócrata Elizabeth Warren y el senador demócrata Andy Kim enviaron una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la que piden una revisión inmediata de SpaceX ante informaciones que apuntan a posibles inversiones chinas ocultas en su capital, según Reuters. En Estados Unidos, este tipo de comunicaciones no implica que exista una investigación abierta ni una conclusión previa, pero sí activa mecanismos de supervisión política y fija plazos de respuesta concretos.
Capital privado y puertas laterales. Para entender por qué esta petición política resulta tan sensible conviene detenerse en la propia naturaleza de SpaceX. La compañía no cotiza en bolsa ni dispone de un símbolo bursátil público, ya que funciona como empresa de capital privado, lo que limita la información financiera disponible y restringe la compra de acciones al público general. Su financiación llega principalmente a través de rondas de inversión privada y ventas secundarias entre inversores existentes. Ese modelo, perfectamente legal, también hace más complejo seguir con precisión quién participa en el capital en cada momento.
El rastro del dinero. En su carta, los senadores citan informaciones periodísticas y testimonios judiciales que apuntan a una posible vía indirecta de entrada de capital vinculado a China en SpaceX. Esos fondos habrían sido canalizados a través de entidades registradas en jurisdicciones como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes Británicas para enmascarar la compra de acciones. El debate no gira tanto en torno a la legalidad de estos vehículos financieros, habituales en mercados internacionales, como a la dificultad para determinar quién está realmente detrás del dinero. La mencionada agencia de noticias añade un precedente en Delaware: un juez respaldó la decisión de apartar a un inversor chino de un vehículo creado para comprar acciones de SpaceX y devolver 50 millones de dólares.
Preocupación adicional. En su carta, Warren y Kim advierten de que una participación china en SpaceX podría constituir “una amenaza para la seguridad nacional, potencialmente poniendo en riesgo infraestructuras militares, de inteligencia y civiles clave”. Ese escenario activaría las reglas conocidas como FOCI, centradas en la propiedad, el control o la influencia extranjera en compañías con contratos sensibles, y podría abrir la puerta a una revisión por parte del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos. Por ahora, todo se sitúa en el terreno de la evaluación preventiva solicitada al Pentágono.
Quién manda cuando no cotizas. La percepción de que SpaceX pertenece por completo a Elon Musk simplifica una realidad más matizada. De acuerdo con The Guardian, su participación se estima en torno al 42%, lo que deja espacio a accionistas externos que también asumen riesgos y expectativas sobre el rumbo de la empresa. Algunos de esos inversores institucionales han convertido a SpaceX en una de sus principales posiciones. En una compañía privada, donde los mecanismos de control público son menores, ese equilibrio entre liderazgo personal y capital distribuido adquiere especial relevancia.
Un imperio más integrado. La discusión sobre inversión extranjera llega, además, en un momento de ampliación del perímetro tecnológico de SpaceX. SpaceX ha anunciado la compra de xAI, agrupando bajo el mismo paraguas capacidades de inteligencia artificial, comunicaciones y acceso al espacio. Ese movimiento, como describe nuestro compañero Javier Lacort, combina infraestructura crítica y altavoces mediáticos, un combinado que hace compleja la idea de regular semejante conglomerado.
Fecha en el calendario. Los senadores han solicitado al Departamento de Defensa una respuesta antes del 20 de febrero, un plazo que debería aportar una primera aclaración sobre el alcance del asunto y los pasos que contempla el Pentágono. Hasta entonces no es posible sacar conclusiones. Pero el episodio deja una señal más amplia: cuando una empresa privada concentra tanta capacidad, cualquier duda sobre su financiación trasciende lo corporativo y entra de lleno en la esfera estratégica.
Imágenes | SpaceX
