La línea 7B del Metro de Madrid reabrirá por completo este mismo mes de noviembre tras más de tres años cerrada. Es el décimo intento de normalizar un servicio que se inauguró en 2007 y que ha acumulado más de 800 días sin funcionar desde entonces. El coste total de las reparaciones alcanza los 171 millones de euros, sin contar las indemnizaciones a vecinos, que ya superan los 23 millones y siguen aumentando.
Un desastre que empezó en 2007. Cuando Esperanza Aguirre impulsó esta ampliación para tenerla lista antes de las elecciones autonómicas de 2007, nadie pudo imaginar las consecuencias. La construcción del túnel alteró gravemente el subsuelo al poner en contacto sal y agua, lo que provocó la disolución progresiva del terreno.
El resultado: hundimiento de los túneles, filtraciones masivas de agua y daños estructurales en cientos de viviendas de San Fernando de Henares y Coslada. Según documentos internos obtenidos por El País, ya en 2008 los técnicos alertaron del «riesgo de colapsos en el túnel de metro y las edificaciones del entorno», y en 2009 advirtieron de que actuar era «de extrema urgencia».
Las cifras del desastre. La factura de reparación incluye 117 millones invertidos por la Consejería de Transportes en obras e indemnizaciones, 49,7 millones del Canal de Isabel II en infraestructura hidráulica, 2,4 millones del propio Metro y 1,7 millones de la Consejería de Educación para derribar el complejo educativo de El Pilar.
En total, más de 171 millones de euros. Pero la cifra seguirá creciendo: las indemnizaciones patrimoniales, que en 2022 se estimaban en 12 millones, ya alcanzan los 23,3 millones y hay cerca de 300 expedientes abiertos. Además, 73 viviendas tuvieron que ser derribadas completamente, dejando a familias pagando hipotecas de casas que ya no existían.
La solución técnica. Para estabilizar el terreno, la Comunidad ha inyectado más de 11.000 toneladas de mortero de hormigón en el subsuelo mediante 26.000 perforaciones que alcanzan hasta 45 metros de profundidad. También ha desplegado 179 miniprismas topográficos en el interior del metro y sensores láser que envían datos diarios sobre los movimientos del terreno.
La Universidad Politécnica de Madrid analiza además imágenes de satélite para detectar cualquier anomalía. Según el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, se han instalado 511 elementos de vigilancia y cinco estaciones robotizadas que monitorizarán constantemente la vía, el terreno y las edificaciones cercanas.
Los vecinos no olvidan. Aunque la Comunidad asegura que la infraestructura presenta ahora «estabilidad» y reúne «las condiciones de seguridad necesarias», los afectados mantienen sus movilizaciones y reclaman indemnizaciones mayores en los tribunales. Además, un estudio de la Universidad Politécnica detectó «movimientos considerables» en zonas distantes «sin estabilizarse», aunque sin precisar más detalles. Para los 120.000 habitantes de San Fernando de Henares y Coslada, la reapertura de noviembre es apenas el primer paso para avanzar en casi dos décadas de pesadilla.
Y ahora qué. La Comunidad destinará 8,2 millones adicionales a contratos de vigilancia y mantenimiento para actuar de forma inmediata ante cualquier incidencia sin necesidad de contratos de emergencia. La línea 7B será la infraestructura más monitorizada del Metro de Madrid, precisamente porque es la que más problemas ha dado. Queda por ver si esta vez la línea es estable de verdad o si volverá a cerrar, como ya ha ocurrido en nueve ocasiones anteriores.
Imagen de portada | Zarateman (Wikipedia)
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