Que la morosidad es un problema para las empresas más pequeñas no es ningún secreto. A esto le sumamos que tenemos una ley para evitar que se pague tarde que no tiene un régimen sancionador efectivo y la convierte en poco más que una buena práctica. En momentos de bonanza económica la situación se sobrelleva bien. Pero en momentos de crisis como el actual el panorama cambia radicalmente. Por eso desde PIMEC se reclama dejar sin acceso a los fondos europeos a las empresas con retrasos en pagos a proveedores.
Según Antoni Cañete, presidente de PIMEC, en su comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso, solo con esta condicionalidad para acceder a los fondos europeos permitiría inyectar 100.000 millones de euros a pymes y autónomos una cantidad similar a la aportada por los créditos ICO y que no supondría ningún riesgo de aumentar deuda para el país.
Cañete también ha mencionado un estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad que ilustra cómo las empresas del IBEX deben 56.000 millones de euros a sus proveedores, por encima del plazo legal de 60 días. Y esto convierte a pymes y autónomos en financieros de grandes empresas, justo apretando al más débil.
Además, ha advertido que es fundamental que los fondos Next Generation EU lleguen a las pequeñas y medianas empresas en forma de subvención y no solo a las grandes compañías, así como tenerlas en cuenta en los Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación (PERTE). No hay que olvidar que las pymes representan el 60% del PIB privado y el 70% del empleo.
También ha aprovechado para hacer un balance de la situación de las pymes, puesto que un 21% de las empresas prevé ajustes definitivos de plantilla mientras un 19% reconoce un alto riesgo de cierre del negocio. Para solucionar este problema de solvencia en las pymes ha reclamado más ayudas urgentes, reestructurar las deudas y reforzar el capital de las empresas, así como acelerar las ayudas directas que todavía no están en las cuentas de las pymes, que ya llegaban tarde y que para algunas organizaciones no llegarán a tiempo.
Lo cierto es que es la administración pública la primera que genera morosidad. Y quizás es por aquí donde no les interesa establecer un régimen sancionador efectivo, puesto que ellos son los primeros en retrasar dichos pagos. Por no hablar de la capacidad de presión que pueden tener grandes empresas a los diferentes estamentos políticos, algo que la pyme no tiene hoy por hoy.
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