Un juez de la Cámara Federal de Rosario rechazó la incompetencia que planteó el juez federal de Rafaela, tras un pedido del fiscal subrogante.
Guillermo Toledo, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, rechazó el pedido del magistrado federal de Rafaela para que la causa que investiga la desaparición de Maximiliano Sosa, sea investigada en la Justicia provincial de San Cristóbal, donde originalmente se inició el expediente judicial, cuando el niño de tres años desapareció de su casa de la santafesina ciudad de Ceres, el 21 de diciembre del 2015.
NO ES POSIBLE…
De acuerdo a La Capital el fallo (resuelto el pasado 4 de septiembre), determinó que el expediente continúe en la órbita federal tras sostener principalmente que no es posible “descartar el delito de trata de personas, por lo que la declaración de incompetencia no haría más que dilatar el curso de la investigación, sobre todo teniendo en cuenta que el niño Maximiliano Sosa aún no ha sido encontrado”.
El planteo de incompetencia terminó siendo analizado por un juez de alzada, luego de que la defensa de la imputada Patricia Sayago, recurrió a la Cámara tras entender que la declaración de incompetencia del juez federal se llevó a cabo “sin escuchar a las partes, afectando en derecho de defensa y debido proceso”.
ADHESIÓN DE FISCAL GENERAL
Toledo tuvo en cuenta además la posición de Claudio Palacín, fiscal general ante la Cámara, quien en su dictamen adhirió al recurso de apelación del defensor en torno a la declaratoria de nulidad, y además consideró que la declaración de incompetencia “perjudica gravemente el curso de la investigación”.
CONFIRMACIÓN DE LA PREVENTIVA
Por otra parte, el juez de alzada resolvió confirmar la prisión preventiva por 90 días para los dos imputados que tiene la causa: Patricia Sayago (abuela materna de “Maxi”) y Ariel Reinaldo Malagueño (su pareja por entonces).
Se memora que ambos fueron detenidos el 28 de julio del 2016.
LA INCOMPETENCIA
La declaratoria de incompetencia fue resuelta por el juez federal de Rafaela el pasado 16 de julio, a solicitud del fiscal subrogante quien de manera hermética tramitó la investigación, y luego de llevar a cabo una serie de procedimientos consideró que en el caso no existía el delito de trata de personas”.
Consecuentemente, el magistrado federal dispuso que las actuaciones vuelvan a tramitarse en la Unidad Fiscal de San Cristobal donde se inició la búsqueda del paradero del niño de 3 años.
