El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del 24 de agosto la primera parte de la reforma de las pensiones pactada con los agentes sociales. De esta forma se iniciara su tramitación parlamentaria en la que se podrán añadir o matizar algunos aspectos.
Esta reforma suprime aspectos como índice de revalorización de las pensiones (IRP), que impedía subidas anuales por encima del 0,25% en situaciones de déficit, y el factor de sostenibilidad, que va a ser sustituido por un mecanismo de equidad generacional.
Este mecanismo es uno de los aspectos clave que hay que negociar y del que depende la sostenibilidad del sistema en el medio plazo. Se negociará con los agentes sociales para lo que se ha fijado un plazo hasta el 15 de noviembre. Si no se logra dicho acuerdo el Gobierno legislará para que esté en marcha en el momento de entrada en vigor de la reforma.
Hay que tener en cuenta que la jubilación de la generación del boom de natalidad de los años 60 y 70, junto con el aumento de la esperanza de vida ponen en graves dificultades el sistema. Y este factor de sostenibilidad tiene que dar una salida a esta situación sin perjudicar a generaciones futuras.
Otros mecanismos que se han articulado para mejorar la solvencia del sistema son la penalización de las jubilaciones anticipadas e incentivar el retraso de la jubilación. El objetivo es que la edad real de jubilación se acerque lo más posible a los 67 años, algo que ahora no viene ocurriendo.
Respecto a los incentivos, se podría obtener hasta un 4% extra de pensión retrasando la jubilación que se puede cobrar todo de golpe o engrosar la mensualidad a cobrar. Un porcentaje que para aquellos que se quieren jubilar lo antes posible no resulta del todo atractivo y que para los que prolongan su actividad de forma voluntaria será bienvenido.
El problema está sobre todo en aquellos que cuando les llega la hora de jubilarse ven que su pensión es demasiado baja. Y a muchos no les alcanza la salud como para seguir trabajando en según que actividades. Quizás sería más adecuado pensar en jubilaciones parciales o trabajar solo unos días cada semana, como una forma de complementar la pensión sin que resulte tan penoso para aquellos que se ven obligados, entre ellos muchos autónomos.
Un apunte, se espera que el acuerdo sobre la cotización por ingresos reales de los autónomos esté listo para el segundo trimestre de 2022, lo que situaría su puesta en marcha en 2023. Y el colectivo se encuentra bastante dividido respecto a lo que esta medida supone, con opiniones a favor y en contra.
Imagen | kaboompics en Pixabay
