Y llegó. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de la que dependen miles de licencias VTC que hasta ahora estaban en el aire se acaba de hacer pública. Y no son buenas noticias para el sector del taxi. El Alto Tribunal, que tenía que decidir si la limitación en el número de licencias VTC utilizadas por Uber y Cabify (el conocido como ratio 1-30) es contraria o no al derecho europeo, ha dicho que sí, que incumple la normativa de la Unión Europea y, por tanto, es contrario al derecho comunitario.
Según indica el TJUE, la limitación de las licencias de servicios de VTC a una por cada 30 licencias de servicios de taxi «no parece idónea para garantizar la consecución de los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente». Y argumenta que el simple objetivo de garantizar la viabilidad económica de los servicios del taxi es un motivo puramente económico que no se corresponde con las metas buscadas.
La sentencia sigue la estela del abogado general de la Unión, que en diciembre ya inició una batalla en contra de las restricciones a la libertad de establecimiento, y ahora puede cambiar todo el panorama en España. «La exigencia de una autorización específica adicional y la limitación del número de licencias constituyen, ambas, restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento, pues la primera limita efectivamente el acceso al mercado a todo recién llegado y la segunda limita el número de prestadores de servicios de VTC», señala contundentemente.
Sin embargo, en contra de la dura postura del abogado general de la UE de hace unos meses, lo que es clave de este asunto es que la Justicia ahora deja la puerta abierta para que las comunidades autónomas puedan exigir la obtención de un permiso adicional, como hasta ahora estaba haciendo Cataluña. Lo que también supone un jarro de agua fría para los VTC. Tal y como hemos explicado en Xataka, las comunidades pasaron a encargarse de la regulación de los VTC desde el llamado «decreto Ábalos» en 2018. Según esta norma, además de las autorizaciones nacionales, las regiones debían establecer las condiciones de explotación en un periodo de cuatro años.
Y eso propició que algunas autonomías como la de Cataluña establecieran una segunda autorización con la que limitaban aún más el número de licencias disponibles y que servía como barrera de entrada. Es decir, podía haber miles de licencias nacionales autorizadas, pero un porcentaje muy inferior operativas con esa segunda licencia.
De hecho, tal y como se explica en este artículo de La Información, la normativa actual ha llevado a las empresas a acudir a la justicia. Sólo en el Tribunal Supremo se han admitido a trámite más de una treintena de recursos que suman más de 25.000 licencias solicitadas. Y las reclamaciones por parte de las empresas y particulares tras la negativa de las comunidades autónomas se amontonan.
Hay que recordar que esta no es la primera vez que la justicia europea se pronuncia sobre el transporte urbano de pasajeros a través de plataformas digitales en Barcelona. En diciembre de 2017, un fallo de TJUE dejó claro que Uber era una empresa de transporte y no una mera plataforma de intermediación entre particulares. Eso hizo que la empresa estadounidense quedara obligada a trabajar con licencias, como las de VTC.
Imagen: Cabify
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