Torra pidió a los ciudadanos catalanes que «sigan las recomendaciones» del Gobierno.
La gestión de los nuevos brotes de coronavirus generó hoy en España un primer conflicto con el Poder Judicial, que revocó la decisión del Gobierno catalán, del independentista Quim Torra, de volver a confinar a más de 200.000 habitantes de una zona de la norteña región.
«No aceptamos esta decisión judicial, asumimos las consecuencias», aseguró Torra, desafiando al juez que ayer tumbó la orden de confinamiento dictada por su Gobierno, que debía entrar en vigencia la pasada madrugada.
La resolución anulada por la Justicia establecía un confinamiento domiciliario en siete municipios de la provincia de Lérida y la ciudad capital, ya que desde la semana pasada los habitantes de estas zonas no pueden ni entrar ni salir del perímetro de sus municipios, una decisión que fue avalada por los tribunales.
▶️ El Govern de Catalunya està al costat de la gent del #Segrià, de l’Hospitalet i de qualsevol indret del país en aquesta batalla contra l’epidèmia de la #Covid19. Totes les decisions que prenem van encaminades a protegir la seva salut pic.twitter.com/xl812xf6u0
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 13, 2020
A pesar del revés a su última medida, Torra pidió a los ciudadanos catalanes que «sigan las recomendaciones» del Gobierno, mientras garantizó que la policía catalana cumplirá con la resolución judicial.
Asimismo, el líder secesionista anunció que hoy mismo aprobará un decreto ley para dar cobertura a la decisión que, subraya, está adoptada en base a las recomendaciones de los expertos frente a un brote que afecta a más de 1.500 personas, el más grande activo en estos momentos en España.
En ese sentido, el jefe del área epidemiológica de Lérida, Pere Godoy, afirmó que el confinamiento perimetral de los municipios de Segria, en Lérida, «no fue suficiente» para detener la transmisión comunitaria del coronavirus, de ahí que abogó por medias más restrictivas.
El endurecimiento del confinamiento fue rechazado por la Justicia a pedido de la Fiscalía, que considera que limitar la libre circulación es una competencia del Estado central, de ahí que Torra debe pedir que lo haga el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Además, señala que el informe que lo justifica se basa en expresiones genéricas, de ahí que lo considera que la medida es «indiscriminada» y «despropocionada».
Torra, por su parte, acusó a la jueza de «jugar con la salud de los ciudadanos», al tiempo que descartó reclamar a Sánchez la aplicación del «estado de alarma».
Desde que se levantó el estado de alarma en España el 21 de junio último, son los Gobiernos regionales los encargados de gestionar la crisis sanitaria del coronavirus.
En ese marco, el Ejecutivo de Pedro Sánchez descarta decretar la medida de excepción para hacer frente al brote de Lérida, y subraya que los Gobiernos regionales disponen de instrumentos para actuar sin tener que llegar a un confinamiento domiciliario, que es una medida extrema y con mayor carga legal.
Ponen como ejemplo los brotes de La Mariña, en Galicia, y Ordizia, en el País Vasco, donde los Gobierno regionales pusieron en marcha, además del confinamiento perimetral, otras medidas como limitar la apertura de locales comerciales y de ocio o la actividad grupal, lo que les permitió controla los brotes de coronavirus e incluso celebrar ayer elecciones.
