El Concejo Deliberante de Jesús María aprobó por mayoría la ordenanza de “Renta Diferencial Urbana” (RDU) que le permitirá al Estado Municipal obtener recursos cuando se autoriza la modificación de normas de uso del suelo para el avance de emprendimientos inmobiliarios.
La normativa contempla un método a partir del cuál la Municipalidad se beneficia con parte de la renta que se genera por los cambios de usos y fraccionamiento de parcelas que pretenden ser urbanizadas.
Se aplicará en aquellos casos donde el desarrollista pide un cambio de denominación de suelo de rural a urbano o cuando solicita una modificación del patrón de asentamiento para ampliar la cantidad de lotes de un sitio urbano.
Según consta en el texto de la ordenanza, el loteador podrá pagarle al municipio con dinero en efectivo, tierras u obras de infraestructura de servicios públicos.
Los terrenos obtenidos pasarán a formar parte del dominio privado del Estado conformando así un banco de tierras.
La norma establece que lo recaudado, ya sea en dinero o en parcelas, se destinará a “construcción de viviendas; creación o ampliación de espacios públicos u obras de infraestructura de uso comunitario”, dice el texto de la ordenanza.
En contra
Los bloques de la oposición votaron en contra del proyecto.
Para los concejales de la Unión Cívica Radical la Renta Diferencial Urbana representa un impuesto más para los desarollistas inmobiliarios.
“Creemos que el problema habitacional en la ciudad es importante y si bien coincidimos en que tiene que haber cambios de patrón de asentamiento, no estamos de acuerdo con la decisión de seguir creando impuestos a los inversores; se les pone una traba más”, manifestó el edil Federico Zárate, del bloque radical.
A la vez, planteó que esta renta obligatoria para aquellos que soliciten un cambio en el patrón de asentamiento representará «un perjuicio para la comunidad» porque terminará elevando el valor de los lotes.
En contrapartida con las consideraciones de Zárate, la concejal Verónica Búa, del bloque oficialista defendió la normativa y señaló que «sería improbable que un loteador pueda imponer precios más altos que los que el mismo mercado fija”.
