El Consejo de Ministros dio un paso definitivo en la regulación laboral de los jóvenes. Tras años de quejas por parte de estudiantes que invierten gran parte de su tiempo realizando trabajos relevantes en empresas sin ver un euro, el Gobierno ha aprobado el desarrollo del régimen del contrato formativo (artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores). La publicación del Real Decreto en el BOE hará que entren en vigor a partir del día 17 de diciembre
El objetivo del texto, impulsado por el Ministerio de Trabajo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, es claro. En palabras de la líder de Sumar, se busca modernizar el sistema a los estándares europeos y, sobre todo, acabar con la «mano de obra barata disfrazada de contrato de prácticas».
Qué cambia. A partir de ahora, cualquier contrato formativo tendrá una línea roja: no podrá remunerarse por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta nueva regulación viene a completar los cambios introducidos por la reforma laboral de 2022 y la nueva Ley de FP. El texto establece y aclara las dos únicas formas de contratación formativa permitidas:
- Formación en alternancia: Pensada para estudiantes que siguen cursando sus estudios (FP, Universidad o certificados del Sistema Nacional de Empleo). Se busca compatibilizar el trabajo retribuido con la formación.
- Obtención de práctica profesional: para quienes ya han obtenido su título (universitario o de FP) y necesitan una experiencia laboral en su campo.
Adiós a las prácticas gratis. Todo tiene que ver con los requisitos: para evitar el fraude de ley de estos últimos años, estos contratos deberán formalizarse por escrito, contar con la participación de la representantes sindicales y tener remunerción digna. ¿Y qué significa digno? Que nunca sea inferior al SMI proporcionalmente, es decir, que se pague como mínimo lo que el SMI establece por hora.
Doble tutoría. Los estudiantes tendrán que contar con un tutor en el centro educativo y otro dentro de la empresa que supervise su evolución, garantizando que el tiempo invertido es realmente formativo y no mero trabajo.
La argumentación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz gira en torno a que 2024, en España convivieron 944.543 prácticas no remuneradas frente a tan solo 54.987 contratos formativos. Una desproporción que evidencia cómo las empresas han optado masivamente por la vía del «becario gratis» en lugar de utilizar los cauces de contratación formativa legal.
Retener talento y modelo europeo. «Ya somos un país que cumple con el modelo de formación moderno, a la europea», ha sentenciado Díaz tras el Consejo de Ministros. El Gobierno defiende que esta es la única vía para mejorar la productividad y retener el talento joven, evitando que los recién titulados se vean atrapados en un bucle de becas sin cotización ni sueldo.
Qué pasa con el Estatuto del Becario. Este nuevo texto viene a complementar lo que aprobó hace unas semanas el Consejo de Ministros, el Estatuto del Becario, que regula las prácticas puramente académicas. Con esta nueva norma, el Gobierno busca blindar los contratos laborales de formación.
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