Después de ver en qué ha quedado la matización de las condiciones de acceso a las ayudas directas para empresas y autónomos la realidad es que siguen castigando a los buenos gestores. Se ha abierto algo la mano con la posibilidad de se puedan incluir pérdidas contables a cubrir con las cantidades concedidas, pero poco más.
Y es una cuestión de criterio equivocado. Entiendo que se hace con buena intención, que el objetivo es que las empresas solventes que ven como otras no les pagan lleguen a cobrar sus deudas gracias a estas ayudas. También los bancos que han concedido créditos, no lo olvidemos.
Pero el mensaje que se traduce es que no pagues tus deudas en esta crisis y tendrás premio. Si pagas puntualmente a tus proveedores, pues ya te apañas. Es decir, que más de una y más de dos empresas han dejado literalmente de pagar aunque puedan. Mal ejemplo, la verdad.
Es algo similar a lo que ocurría con las amnistías fiscales de aquellos que tenían dinero sin declarar en otros países. Se abre la mano, se regulariza y a partir de aquí todos amigos. Y la cara que se les queda al resto de contribuyentes que han pagado religiosamente sus impuestos es todo un poema.
Si al menos aquellas empresas que no pagan tuvieran alguna penalización ya iría bien. Alguna propuesta se ha lanzado en ese sentido. Por ejemplo, que no puedan acceder a los fondos europeos ya que mantienen deudas. Pero también que no puedan concursar a licitaciones públicas.
Las ayudas directas tienen que ser más sencillas y más prácticas. Establecer un baremos claro. Pongamos pérdidas por encima del 50% respecto a 2019. Y a partir de aquí baremar otros criterios para que lleguen a las que lo han hecho mejor para sobrevivir en esta crisis y no al revés.
Y hacerlo con agilidad, porque si las ayudas llegan en 2022 sirven de poco para muchas compañías. Siempre son bien recibidas, pero ¿van a estar sin cobrar las empresas deudoras todo este tiempo?