CABA. La organización Inquilinos Córdoba forma parte de la Federación Nacional de Inquilinos y esta semana anunciaron el ingreso de la ley que hace años vienen trabajando. El primer proyecto fue presentado a principio de 2016 y obtuvo media sanción; pero durante 2017 estuvo encajonado. Por eso, en 2018 retomaron con fuerza y realizaron campañas importantes visibilizando esta problemática que atañe a casi 8 millones de argentinos, según encuestas realizadas por la organización.
El viernes, el presidente anunció por cadena nacional el tratamiento de la ley: “es la culminación de una mesa de discusión y el inicio del recorrido parlamentario”, dijeron desde Inquilinos Córdoba. “Esperamos que el tratamiento sea rápido y que cuente con el apoyo de todos los bloques, para poder llegar a fin de año con un proyecto aprobado por unanimidad por ambas cámaras”. El Oficialismo presentó un proyecto basado en la ley propuesta por las organizaciones sociales.
Los puntos principales.
Las modificaciones que incluye la ley que podría aprobarse en fin de año son: duración mínima de contrato de tres años (y no de dos como en la actualidad), actualización del precio semestral bajo un índice de promedio entre inflación (IPC) y salario (CVS), el registro obligatorio de contratos ante la AFIP (para blanquear el mercado de alquileres), un mes de depósito para los tres años de contrato y devolución de ese depósito actualizado al valor del último mes del alquiler, expensas extraordinarias a cargo del propietario y negociación de la renovación con 60 días de anticipación.
Inquilinos somos todos.
El alquiler es una problemática que atañe a casi 8 millones de argentinos que representan el 17 por ciento de los hogares del país. Más del 70 por ciento de ellos no tiene expectativas de acceder a la vivienda propia, el 87 por ciento está preocupado por el precio y la mayoría destina la mitad de sus ingresos al pago de alquiler. Esta situación pone en desventaja al inquilino ante el propietario o la inmobiliaria.
Por eso, Inquilinos Córdoba celebra “poner este tema en la agenda pública, haciendo que los poderes públicos tomen contacto con la problemática y se vean en la necesidad de avanzar en un proyecto que empiece a poner las cosas en su lugar”. Algunos aspectos de la ley (como el aumento del precio anual) es uno de los puntos que seguirán discutiendo en la Cámara de Diputados.
20-10-2018
