La nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario ha llegado con el objetivo de reducir el número de toneladas de comida que acaba de forma reiterada en la basura. Y el objetivo se ha puesto sobre todo en las empresas. Y como lo que suele funcionar para que los afectados se pongan manos a la obra son las multas, pues la nueva ley viene con hasta 500.000 euros de sanción por desperdiciar comida. Vamos a hacer un repaso a lo que sabemos de esta ley para tener claro cómo cumplir con la misma y así evitar las multas, que se han rebajado sobre la propuesta inicial.
¿Qué sanciones nos pueden caer por tirar comida?
Las leves son aquellas consistentes en que no se aplique la jerarquía estipulada para evitar el desperdicio de alimentos y no se justifique el porqué no se garantiza la donación de los productos que no se consuman pese a ser aptos, impedir expresamente por contrato que se donen alimentos o no entregar los productos a personas desfavorecidas. La sanción parte de los 2.000 euros.
El siguiente escalón sería el de las sanciones graves hasta 60.000 euros para aquellos locales de hostelería y de venta de alimentos que no cuenten con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.
Él último peldaño sería el caso de las sanciones muy graves, que puede ocurrir en caso de que se reincida en esta infracción grave en el plazo de dos años, la multa podrá ascender hasta los 500.000 euros.
¿Cómo debe actuar una empresa?
En gran parte va a depender del sector en el que se encuentre nuestro negocio. Los más afectados son los agentes de la cadena alimentaria, desde el productor hasta el vendedor final. Pero también negocios de hostelería como pueden ser bares y restaurantes, hoteles o similares.
Para los productores y distribuidores de alimentos, el objetivo es que estos alimentos que se van a ir a la basura se puedan destinar a la donación para consumo humano. En segundo lugar, lo que pide es que aquellos que no se hayan vendido pero sigan siendo aptos para su consumo se deriven a productos alternativos, como zumos o mermeladas y en caso de no ser posible destinarlos a la alimentación animal y fabricación de piensos. La última fórmula sería su transformación en la cadena de reciclado para la obtención de compost.
Para un establecimiento que vende o sirve comida, estarán obligados a facilitar que el cliente se lleve los alimentos que no haya consumido sin que esto suponga un coste adicional , se supone que para el cliente, porque para el establecimiento supondrá un mayor coste en envases.
Más cargas y obligaciones para las empresas
Hay dos problemas fundamentales para las empresas. Todo esto supone un coste adicional, y no está claro como se va articular para compensarlo o si directamente será una carga más para las empresas de este sector, que finalmente acabará por repercutir de cualquier manera en el cliente final.
Seguro que hay muchas empresas que empatizan con los objetivos de esta ley. Pero lo que no parece lógico es que la administración traslade esta carga a las empresas directamente. Porque por otro lado nada dice del desperdicio de alimentos en los hogares, que también supone un porcentaje importante de todas las toneladas que se desperdician.
