Los ayuntamientos tendrán que lidiar con el marrón de las VTC que el Gobierno se ha quitado de encima

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Finalmente conocemos los detalles del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y ya publicado en el BOE por el que se modifica la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres. Esto es: el documento que esperaba el sector del taxi para decidir el siguiente paso en su lucha contra Uber y Cabify.

Tal y como se esperaba el texto ha llevado al gremio del taxi a dirigir sus reivindicaciones y presiones a los ayuntamientos, ya que podrán regular las licencias VTC durante cuatro años, el periodo de gracia concedido para que operen con normalidad.

Cuatro años de tregua. Después, los ayuntamientos decidirán

La esperada reforma tiene como objetivo, según se estipula, garantizar el «adecuado equilibrio entre la oferta y la demanda» así como atajar «problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales» provocados por el aumento de la oferta de transporte urbano.

Según se recoge en Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre:

«[…] se permite que sean los órganos que ostenten competencias en materia de transporte urbano los que, en el ejercicio de éstas, determinen las condiciones en las que podrán ser autorizados y prestados los servicios de transporte de viajeros íntegramente desarrollados en su ámbito territorial, incluidos los que se realizan en la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor».

Se estipula, además, que, como regla general, el origen de la prestación de servicios debe encontrarse dentro de la comunidad autónoma donde se encuentra domiciliada la autorización, y se pasa la pelota a las comunidades autónomas: «A tal fin, se las habilita para concretar, desarrollar, o modificar, de forma temporal o definitiva, determinados aspectos de la reglamentación estatal para dicho servicio, cuando su recorrido no exceda de su propio territorio. Todo ello, sin perjuicio de las competencias municipales en el ámbito de la movilidad urbana».

El Real Decreto, como hemos adelantado, contempla como compensación «por los perjuicios» que pueda ocasionar un plazo de cuatro años -ampliable- durante el cual, a partir de ya, las VTC podrán continuar prestando servicios en el ámbito urbano.

Cuando termine este periodo de gracia, los dueños de estas licencias VCT solo podrán operar en trayectos interurbanos, y no dentro de la ciudad. Tendrán entonces que pedir una segunda autorización a la comunidad autónoma correspondiente, que tendrá la potestad de modificar aspectos como recorridos máximos y mínimos, precontratación o las especificaciones técnicas de los vehículos que se utilizan.

Este periodo de cuatro años servirá al Gobierno para evitar las indemnizaciones económicas por las licencias que tendrían que afrontar si los sueños reclaman.

Un «decreto lío»

José Luis Ábalos, ministro de Fomento, ha afirmado que tanto el sector del taxi como el de las VTC han de coexistir, y que no solo los ayuntamientos tendrán la responsabilidad de regular este sistema de transporte privado, sino que la ciudadanía será la que decida qué transporte usará.

El ministro ha declarado que este decreto evitará «cualquier aspiración especulativa» y que entiende que ninguno de los dos sectores quedará plenamente satisfecho con el Decreto.

Desde Unauto, la asociación de vehículos con conductor, consideran que la nueva normativa «está lejos de ser una solución al problema» y lo tacha de «decreto lío», pero que puede «apaciguar los ánimos». Sin embargo considera que la descentralización solo multiplica el problema y que aún podrían producirse más movilizaciones.

Para el sector del taxi, por otro lado, la prórroga de cuatro años es excesiva ya que podría fomentar la consolidación de rivales como Uber y Cabify, pero lo ven de forma positiva. Por el momento, la asociación Élite Taxi se reunirá esta tarde con la organización Plataforma Caracol para estudiar el Real Decreto y determinar si es positivo para el futuro de los taxistas.

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