Madrid Central tenía que haber entrado en vigor el pasado 1 de noviembre pero, instado por los comercios, el ayuntamiento de la capital lo retrasó al 30 de noviembre por el Black Friday. Y su activación podría demorarse aún más: a una semana de su puesta en marcha, la Comunidad de Madrid ha cumplido su amenaza interponiendo un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en el que solicita la anulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, texto en el que se apoyan las restricciones al tráfico en el centro de la capital.
El gobierno autonómico, liderado por el Partido Popular, presentaba ayer a través de la Abogacía General del Gobierno autonómico un recurso contencioso administrativo ante el TSJM. El objetivo de es que el juez adopte esta medida cautelar y que paralice la entrada en vigor de Madrid Central, fijada para el 30 de noviembre. En organismo judicial madrileño estudiará los días 28 y 29 de noviembre este recurso.
Si el Tribunal de Justicia madrileño acepta la medida cautelar, Madrid Central quedaría en suspenso hasta la resolución del recurso, lo que se puede demorar meses. Si no lo admite, las restricciones entrarían en vigor el 30 de noviembre, aunque esto no implicaría que los recursos sean desestimados.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid pedirá la anulación del acuerdo de la junta Gobierno municipal que aprobó el proyecto de Madrid Central, ya que, según recoge el ABC, se hizo «como si fuera un acto administrativo, cuando creemos que tiene carácter normativo y debería haberse llevado a información pública».
¿En qué argumentos se apoya el recurso autonómico?
La administración autonómica expone varias premisas en contra de Madrid Central. En primer lugar, defienden que la aplicación de la ordenanza supone «medidas limitativas de derechos«, que causarán un daño irreparable para los afectados y que, ante la imposibilidad de ser subsanados, el Ayuntamiento de Madrid tendría que hacer frente a indemnizaciones que no puede asumir.
Por otro lado, el gobierno regional, expone que la ordenanza no recoge medidas alternativas al cierre al tráfico de Madrid Central, lo que se traducirá en la saturación de las vías que sí seguirán abiertas al mismo. Asimismo, defienden que el área restringida no incluye las zonas más contaminadas de la capital que, según los informes de calidad del aire del propio consistorio son la de las Escuelas Aguirre (ubicada en la calle Pío Baroja) y la plaza de Fernández Ladreda.
Además, en este recurso se recoge que la ordenanza no habría ido acompañada del informe previo del Consorcio Regional de Transportes, algo que la autonomía considera necesaria ya que la medida afecta al conjunto de la comunidad y no sólo a la capital. Según el gobierno presidido por el popular Ángel Garrido, a dicho organismo no se le pueden imponer obligaciones como aumentar la flota de vehículos o de personal, ya que supone un impacto económico no planificado. A ello se suma el agravante de que las Navidades están a la vuelta de la esquina.
Y hay más porque, según el ejecutivo autonómico, el texto definitivo de la Ordenanza de Movilidad Sostenible es diferente al sometido a información pública. Por último, la Comunidad de Madrid estima que no se ha dado audiencia a los municipios de la periferia más cercanos a la capital.
Ayer comparecía Ángel Garrido públicamente explicando estos argumentos en contra de Madrid Central, asegurando en su conclusión que la medida cautelar interpuesta contra el ayuntamiento no responde a «una batalla política», argumentando que Metro, empresa dependiente del ejecutivo regional, hará «todo lo posible para evitar el caos» que supondrá la activación del proyecto. De hecho, el gobierno municipal ya ha solicitado que se recupere la frecuencia que existía en 2012.
En plena incertidumbre, Madrid Central se presenta ante la CE
Por su parte, el consistorio madrileño, a expensas de que el TSJM se pronuncie ante el recurso, sigue con sus planes de dar luz verde al proyecto, el cual será presentado hoy por Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad, ante la Comisión Europea y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
En opinión del Ayuntamiento de Manuela Carmena, las voces en contra de Madrid Central y de la nueva normativa municipal sí responden a una contienda política. De hecho, Sabanés denunciará ante el organismo comunitario las continúas trabas que ha puesto la Comunidad de Madrid para hacer realidad el proyecto, así como su falta de colaboración.
El gobierno automómico ya había amenazado a finales de octubre que llevaría ante el tribunal madrileño la ordenanza, algo que la responsable de Medio Ambiente ya tachó de «irresponsable, electoralista y partidista» en esta entrevista concedida a El País.
La delegada municipal considera que el recurso de los populares «no tiene viabilidad» y que «están elevando el nivel de tensión poniendo en riesgo los elementos básicos que sustentan esa ordenanza, que son la lucha contra la contaminación y la mejora del espacio público de la ciudad». Recordemos que España está en moratoria ante la UE por incumplir los niveles de emisiones precisamente gracias a los planes de restricciones de contaminación como contempla esta ordenanza o lo protocolos anticontaminación de Madrid y Barcelona.
Sin embargo, en esta entrevista también se ponen en tesitura carencias esenciales de cara a los ciudadanos, como la apertura de nuevos aparcamientos disuasorios: la promesa era de doce, pero sólo se ha inaugurado uno. Sabanés reconoce que fueron demasiado optimistas en calcular plazos, ya que la tramitación al trabajar sobre terrenos que no son municipales les ha llevado más tiempo del esperado. No obstante, los proyectos siguen sobre la mesa.
Asimismo, el grupo socialista tampoco apoya la entrada en vigor de Madrid Central el 30 de noviembre. José Ramón Franco, secretario general de los socialistas madrileños, defendió retrasar la aplicación de la normativa a fin de conseguir un mayor acuerdo, estimando que se está haciendo de una forma demasiado apresurada.
